No existen grandes dudas con respecto a la centralidad de los derechos de comunicación en la composición sistémica de la democracia constitucional de los siglos XIX a XXI. La misma no se reduce a la organización de las sucesiones electorales en los poderes legislativo y ejecutivo, sino que se basa, del mismo modo, en procesos de formación de la opinión pública que encuentran su respaldo decisivo en un paquete de garantías iusfundamentales e iushumanas, incluyendo las libertades de expresión y de opinión, de prensa y de medios, de información, de reunión y de manifestación, de asociación y de huelga, de la ciencia y del arte. Estos derechos muestran una larga tradición a partir de las constituciones de la ola fundadora de la estatalidad ilustrada y liberal del medio siglo de 1776 a 1825 y, en algunas dimensiones, se basan incluso en tradiciones más antiguas provenientes de las aperturas confesionales hacia el protoconstitucionalismo desde el siglo XVI. Sin embargo, en el pasado reciente, los derechos de comunicación están bajo presión, como subrayan diversos conceptos de estigmatización popularizados que pretenden deslegitimar opiniones indeseadas, lo que puede reconocerse en los debates sobre la cultura de la cancelación, la desinformación, la posverdad, las fake news, el discurso de odio y las teorías conspiratorias. Igualmente, en diversos contextos, resurge una nueva presión estatal frente a expresiones colectivas de críticas políticas en manifestaciones y marchas, pese a la iusfundamentalización consolidada en los textos constitucionales.